Embargo de bienes por actos ilicitos

Normas de confiscación de bienes

El decomiso de activos o la incautación de activos es una forma de confiscación de activos por parte de las autoridades. En Estados Unidos, es un tipo de obligación financiera de la justicia penal. Suele aplicarse a los supuestos productos o instrumentos del delito. Esto se aplica, pero no se limita, a las actividades terroristas, los delitos relacionados con las drogas y otros delitos penales e incluso civiles. Algunas jurisdicciones utilizan específicamente el término «confiscación» en lugar de decomiso. El supuesto propósito de la confiscación de activos es desbaratar la actividad delictiva mediante la confiscación de activos que potencialmente podrían haber sido beneficiosos para el individuo o la organización. En 2014, las fuerzas del orden se llevaron más bienes que los ladrones a los ciudadanos estadounidenses[1].

La confiscación de activos civiles ha sido duramente criticada por los defensores de las libertades civiles por sus normas muy reducidas para la condena, la inversión de la carga de la prueba y los conflictos de intereses financieros que surgen cuando los organismos encargados de hacer cumplir la ley que deciden si confiscar o no los activos se quedan con ellos[3][4][5][6].

Incautación de bienes por la policía

El decomiso de bienes o la incautación de bienes es una forma de confiscación de bienes por parte de las autoridades. En Estados Unidos, es un tipo de obligación financiera de la justicia penal. Suele aplicarse a los supuestos productos o instrumentos del delito. Esto se aplica, pero no se limita, a las actividades terroristas, los delitos relacionados con las drogas y otros delitos penales e incluso civiles. Algunas jurisdicciones utilizan específicamente el término «confiscación» en lugar de decomiso. El supuesto propósito de la confiscación de activos es desbaratar la actividad delictiva mediante la confiscación de activos que potencialmente podrían haber sido beneficiosos para el individuo o la organización. En 2014, las fuerzas del orden se llevaron más bienes que los ladrones a los ciudadanos estadounidenses[1].

La confiscación de activos civiles ha sido duramente criticada por los defensores de las libertades civiles por sus normas muy reducidas para la condena, la inversión de la carga de la prueba y los conflictos de intereses financieros que surgen cuando los organismos encargados de hacer cumplir la ley que deciden si confiscar o no los activos se quedan con ellos[3][4][5][6].

Decomiso de activos penales

El decomiso también se conoce como confiscación en algunas jurisdicciones. Los dos términos se utilizarán indistintamente en este módulo. La confiscación de activos o bienes es la privación permanente de bienes por orden de un tribunal o por procedimientos administrativos, que transfiere la propiedad de los activos derivados de la actividad delictiva al Estado. Las personas o entidades que poseían esos fondos o activos en el momento de la confiscación o el decomiso pierden todos los derechos sobre los activos confiscados (GAFI, 2017; McCaw, 2011; Ramaswamy, 2013).

El decomiso se produce en el marco de uno de los dos tipos de procedimientos: el decomiso o la confiscación basados en una condena y el decomiso o la confiscación no basados en una condena. Se diferencian en el nivel de prueba requerido para que tenga lugar. Convencionalmente, el decomiso sin condena requiere un nivel de prueba inferior al requerido para obtener una condena en un tribunal penal.

Decomiso o confiscación basada en una condena: confiscación por parte del Estado de los productos de un delito por el que se ha registrado una condena de un delincuente. También se denomina confiscación o decomiso penal en algunas jurisdicciones.

Embargo de activos uk

(B) Cualquier propiedad, real o personal, dentro de la jurisdicción de los Estados Unidos, que constituya, se derive de, o sea rastreable a, cualquier producto obtenido directa o indirectamente de un delito contra una nación extranjera, o cualquier propiedad utilizada para facilitar tal delito, si el delito-

implica el tráfico de tecnología o material de armas nucleares, químicas, biológicas o radiológicas, o la fabricación, importación, venta o distribución de una sustancia controlada (tal como se define este término a efectos de la Ley de Sustancias Controladas), o cualquier otra conducta descrita en la sección 1956(c)(7)(B);

sería punible en virtud de las leyes de Estados Unidos con una pena de prisión superior a 1 año, si el acto o la actividad que constituye el delito hubiera ocurrido dentro de la jurisdicción de Estados Unidos.

si dicha infracción está relacionada con la venta de activos adquiridos o mantenidos por la [1] Federal Deposit Insurance Corporation, como conservador o administrador judicial de una institución financiera, o cualquier otro conservador de una institución financiera designado por la Office of the Comptroller of the Currency o la National Credit Union Administration, como conservador o agente liquidador de una institución financiera.