Impuesto sucesiones castilla y león

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Diferentes escenarios para el pago y declaración del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales (ITP) y el Impuesto sobre Sucesiones. Cada Comunidad Autónoma ha aprobado sus medidas de prórroga para el pago y declaración de dichos impuestos. Existe una discriminación para los no residentes con respecto a los residentes en cuanto al ITP, ya que no existe una prórroga aprobada por el Gobierno Central para el pago de dicho impuesto.

En España, todas las Comunidades Autónomas tienen su normativa interna con diferentes bonificaciones, reducciones, etc. y competencia para el pago y declaración de algunos impuestos como el de Donaciones, Sucesiones, Transmisiones Patrimoniales («ITP») y Actos Jurídicos Documentados («AJD») entre otros.

El estado de alarma declarado el 14 de marzo ha llevado a estos gobiernos autonómicos a adoptar medidas favorables para los contribuyentes residentes, especialmente para las personas físicas que se vieron sorprendidas por esta situación extraordinaria y tuvieron que pagar y declarar el impuesto de Sucesiones por el fallecimiento de un familiar o compraron un inmueble y tuvieron que pagar el ITP.

Lo anterior discrimina a los no residentes ya que no tienen las mismas prórrogas para el pago del Impuesto de Sucesiones que un contribuyente residente en España, por lo que los no residentes tienen que pagar el Impuesto de Sucesiones dentro de los 6 meses siguientes a la fecha de fallecimiento del causante.

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El Impuesto sobre Sucesiones (ISDNR) grava las ganancias patrimoniales obtenidas por las personas físicas por herencia, legado o cualquier otra forma de sucesión, así como el dinero recibido por los beneficiarios de un seguro de vida, cuando el titular de la póliza sea una persona distinta del beneficiario.

El modelo 650 debe ser presentado por los herederos, legatarios o beneficiarios de seguros de vida (personas físicas) que no tengan residencia habitual en España, o por los residentes que adquieran bienes o sean beneficiarios de seguros de vida de una persona fallecida que no era residente fiscal en España.

Si dispone de un Certificado Sucesorio Europeo (Reglamento (UE) nº 650/2012), que acredite su condición de heredero o legatario, podrá presentar una copia auténtica del mismo en lugar del certificado de defunción y del testamento o certificado de herencia. Si el Certificado Sucesorio Europeo está en un idioma distinto al español, debe ir acompañado de una traducción.

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Para los expatriados británicos que viven en España esto es una consideración importante, ya que el derecho de sucesiones español es mucho más complicado -y potencialmente mucho más punitivo- que el del Reino Unido. Por ejemplo, en el Reino Unido, los bienes que se dejan al cónyuge o a la pareja de hecho superviviente están exentos del impuesto de sucesiones. Sin embargo, en España, al no existir el concepto de «patrimonio» de una persona, todos los beneficiarios están sujetos al impuesto de sucesiones español de una u otra forma.

Además, el derecho sucesorio español reconoce a los hijos de forma diferente a la legislación británica, ya que dos tercios de sus posesiones pasan automáticamente a sus hijos. Si esto no está en línea con sus deseos, es vital que inserte una cláusula en su testamento que establezca que su herencia debe ser administrada de acuerdo con las normas del Reino Unido. Es importante que el derecho de sucesiones español incluya el Impuesto de Sucesiones, que es tanto un impuesto de sucesiones como un impuesto de donaciones sobre los activos mundiales. Sin embargo, el impuesto NO es aplicable si los bienes están fuera de España Y el beneficiario no es residente en España.

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Las Cortes de Castilla y León, con los votos favorables de PP, Ciudadanos, Vox, UPL y Por Ávila, el voto en contra de PSOE, Podemos y la procuradora no adscrita María Montero, han puesto fin al Impuesto de Sucesiones y Donaciones, que bonificará al 99% en su totalidad a los familiares directos, cónyuges, ascendientes o descendientes con la novedad de que se extenderá a los miembros de las uniones de hecho con una convivencia estable de al menos dos años anteriores a la fecha de devengo del impuesto y cuya unión esté inscrita en el Registro de Uniones de Hecho de Castilla y León.

Este cambio se produce en medio de la batalla entre el Gobierno y la Comunidad de Madrid por la armonización fiscal que reclama el Ejecutivo de Pedro Sánchez y que la región liderada por Isabel Díaz Ayuso quiere frenar, impidiendo el restablecimiento del impuesto de patrimonio y acabando con las bonificaciones en la sucesión que alcanzan el 99% del patrimonio.

En el debate sobre la nueva normativa castellano-leonesa, la portavoz de Hacienda del PSOE, Rosa Rubio, ha calificado la eliminación de este tributo como un «compromiso» del PP y de Ciudadanos para que «quien tenga más y herede más pague menos», mientras que los socialistas defienden que «cada uno pague por lo que tiene y por lo que gana.»